De poco sirve que en la Constitución o en las leyes se establezca que todos gozamos en igualdad de todos los derechos y que por lo tanto, se encuentra prohibida la discriminación en el trabajo, los centros educativos, deportivos, de entretenimiento, entre otros; cuando en realidad no se llevan a cabo acciones que propicien he incentiven que estos aspectos realmente se cumplan. Así, muchas personas se preguntan cómo pasar del discurso a las acciones concretas que nos permitan generar oportunidades reales para las personas con discapacidad.
La respuesta, se encuentra en el diseño y seguimiento de políticas públicas, entendiendo estas como un conjunto de acciones organizadas por el Estado que en conjunto con la sociedad tienen la finalidad de resolver problemas públicos concretos, ejemplo de ello son los programas que incentivan fiscalmente las empresas que contratan personas con discapacidad; sin embargo, un grave problema que se presenta actualmente es que en muchas ocasiones el diseño de las políticas públicas no es el correcto, pues se cree por ejemplo, que dando una cantidad de dinero mensual a este grupo de la población los problemas quedarán solucionados, cuando esto no soluciona las necesidades de raíz, pues solamente redunda en una medida de carácter asistencialista sin buscar una verdadera inclusión e independencia.
Lo anterior es así, pues uno de los primeros pasos para la creación de políticas públicas es identificar el problema que se desea atacar y es aquí, en el primer paso, donde nos encontramos con obstáculos para poder hacerlo; ya que no contamos con la información estadística necesaria, pues, aunque muy recientemente (en el censo del 2010), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) consideró un espacio para las personas con discapacidad, lo cual es de reconocerse, lo cierto es que tal estudio únicamente nos muestra información general sobre la población, pues nos dice el porcentaje de personas con discapacidad que tiene México, el tipo de discapacidades o cuántos de ellos han terminado primaria, secundaria, etc.
Así mismo, debe reconocerse que existe la Encuesta Nacional Sobre la Discriminación en México (ENADIS 2010), emitida por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que dedica algunas páginas al tema de la discapacidad, pero tal esfuerzo tampoco ha sido suficiente para conocer las verdaderas necesidades y priorizar acciones para poder cubrirlas.
Derivado del panorama anterior, considero importante la generación de información estadística adecuada que permita conocer realmente las necesidades y problemáticas a las que se enfrentan día con día las personas con discapacidad, donde se establezca por tema (accesibilidad física tanto urbanística como arquitectónica, educación, trabajo, tecnologías de la información entre otros aspectos) el panorama, para identificar en dónde estamos parados, y definir con ello las líneas de acción para la solución de los problemas específicos.
Por poner sólo un ejemplo, en cuanto al tema de accesibilidad física sería importante conocer, por un lado, si realmente el entorno urbanístico es adecuado, si contamos con rampas suficientes en las banquetas y si las mismas se encuentran bien ubicadas y tienen concordancia, es decir, verificar si por cada rampa de descenso en un lado de la calle existe una de ascenso en el otro lado, o si frente de las rampas existe algún árbol, poste o puesto que evite su utilización (si bien, pueden ser aspectos muy sencillos y hasta lógicos, en la realidad parecerían no serlo tanto, pues son obstáculos a los que nos enfrentamos diariamente).
Lo mismo debería ocurrir con la información de los inmuebles públicos como tribunales, museos, centros de salud, por mencionar algunos, que no cuentan con aspectos básicos de accesibilidad, mismos que deberían ser identificados mediante información estadística, pues como dice el dicho, para resolver los problemas el primer paso es identificarlos, para así, buscar la estrategia más adecuada y en todo caso dar un seguimiento cercano y ciudadano de su evolución.
En una próxima entrega, haremos el análisis de algunas políticas públicas sobre el tema de discapacidad para verificar su funcionamiento, por lo pronto, me gustaría concluir con la siguiente reflexión: “Lo que no es medible, no es evaluable y si no podemos evaluar el cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado, es más difícil hacer exigibles los derechos”.