El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU) ha concluido que España violó los derechos a una educación inclusiva y a no ser discriminado de Rubén Calleja, un joven con síndrome de Down que cuando tenía 11 años fue obligado, en contra del criterio de su familia, a abandonar la escuela pública ordinaria de León en la que estudiaba primaria y a matricularse en un centro de educación especial.

El dictamen llega con una reforma educativa en marcha en España que propone cambios a medio plazo en la escolarización de los niños con discapacidad. Y que ha sido criticada tanto por el sector de los centros de educación especial, que defiende su mantenimiento, como por organizaciones de personas con discapacidad, que reclaman la rápida desaparición de este tipo de escuelas, en línea con lo que propugna el comité de la ONU. 

En su resolución sobre el caso de Rubén Calleja, que ahora tiene 21 años, el comité reprocha a España que «apenas haya avanzado en cuanto a la educación inclusiva”, y le insta a “adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro”, así como a eliminar “toda segregación educativa de estudiantes con discapacidad”, tanto en centros de educación especial con en “unidades especializadas dentro de las escuelas ordinarias”.

El proyecto de reforma de la ley educativa, la Lomloe, contempla en su disposición adicional cuarta que en un plazo de 10 años los centros ordinarios deberán contar “con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”, de acuerdo con lo previsto en la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas”.

La norma no prevé la desaparición de los centros de educación especial, pero sí configura un modelo nuevo en el que estos, como ha sucedido en otros países, se limiten a acoger a aquellos “alumnos que requieran una atención muy especializada” y desempeñen a la vez “la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.

La previsión ha generado el rechazo del sector de la educación especial, en el que conviven centros públicos, centros concertados ―promovidos en buena medida por familiares de personas con discapacidad y entidades sin ánimo de lucro―, y centros privados, que defienden la pervivencia del actual modelo.

La norma que se tramita en el Congreso también ha recibido las críticas de entidades de personas con discapacidad, como Solcom, que fue la primera en denunciar a España ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Estas, en el flanco opuesto, lamentan que el proyecto de ley plantee un horizonte de una década y mantenga mientras tanto una doble red que la ONU considera discriminatoria.

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