México ha dado un paso de gigante en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. El Congreso de la Unión ha aprobado este lunes por unanimidad el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF) compuesto por 1191 artículos y 20 artículos transitorios, la nueva norma, entre otras cosas deroga la interdicción, una figura legal que identifica como menores de edad a ojos de la justicia a las personas con discapacidad física o intelectual que no puedan valerse por sí mismas.

La votación, considerada histórica por organizaciones civiles como Human Rights Watch, se ha saldado con 481 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, un consenso absoluto con pocos precedentes en la Cámara de Diputados mexicana.

En la práctica, la medida garantiza que las personas con discapacidad tengan pleno poder de decisión sobre situaciones como casarse, abrir una cuenta bancaria, alquilar una casa o someterse a un tratamiento médico. Es decir: conseguir los mismos derechos que tiene cualquier mayor de edad.

El nuevo código, además de derogar la interdicción, crea una nueva institución, llamada Designación de apoyos extraordinarios, para aquellos casos en los que la persona en cuestión no pueda comunicar su voluntad a través de ningún medio.

El CNPCF fue primero aprobado en el Senado, también por unanimidad. En la redacción de la norma participó activamente el colectivo Decidir es mi derecho, una plataforma integrada por diversos colectivos formados por personas con discapacidad, activistas y académicos.

A pesar de que este lunes se haya aprobado el CNPCF, su entrada en vigor todavía durará un tiempo: está prevista para abril de 2027. Como explican desde Decidir es mi derecho, se necesita tiempo para informar y capacitar a todas las personas que tendrían que ver con su implementación.

Los Estados, aclara el colectivo, podrían implementarlo antes, pero tendrían que reformar sus códigos civiles. La propuesta del Congreso de Ciudad de México puede ser una de las pioneras. La interdicción, de acuerdo con la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es inconstitucional y los jueces no pueden ya aplicarla. Por eso son tan importantes las reformas a nivel local, señala Ríos.