Existe un constante esfuerzo por cambiar el modelo de percepción a partir del cual se entiende la discapacidad, es por ello que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad da un papel importante a la participación plena y efectiva de este sector en la sociedad, lo que como menciona la Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, representa “un cambio profundo de paradigma en el derecho internacional de los derechos humanos, puesto que las personas con discapacidad dejan de ser “objetos” que hay que cuidar para convertirse en “sujetos” que gozan de derechos humanos y libertades fundamentales en pie de igualdad con los demás”.
La participación de las personas con discapacidad, debe ser entendida desde dos vertientes por un lado respecto de aquellos temas directamente relacionados con la discapacidad pues serán ellos mismos quienes conozcan mejor sus necesidades y consecuentemente propongan soluciones pertinentes.
Sin embargo, también es sumamente importante procurar y propiciar la efectiva participación de las personas con discapacidad en todas la áreas de la sociedad, tanto en el sector público como en el privado; pues solamente así podrán tomarse en cuenta sus verdaderas capacidades, permitiendo que esto influya de manera directa en el entorno, derribando así las barreras sobre todo aquellas de carácter actitudinal que pueden existir respecto a la inclusión plena de este grupo poblacional en la sociedad.
En pocas palabras debe tenerse como objetivo el empoderamiento de las personas con discapacidad, aspecto que se relaciona directamente con el “poder”, pero no entendido como un acto de dominación sino con la capacidad de aumentar su autoconfianza y autovaloración y sobre todo en contar con la oportunidad de influir en su entorno, para lo cual, también es necesario tener acceso a recursos económicos que permitan por lo menos cubrir las necesidades diarias de subsistencia, razón por la cual también es importante lograr un empoderamiento económico de dicho sector.
En este sentido, se debe tener en cuenta que para lograr el empoderamiento es indispensable el trabajo conjunto tanto del gobierno como de los propios particulares, pues se requiere por un lado, que exista un marco jurídico adecuado que propicie oportunidades reales para que las personas con discapacidad accedan a centros de salud, educativos y de trabajo, entre otros, que les permitan descubrir y desarrollar sus potencialidades así como el diseño de políticas públicas adecuadas que lo materialicen.
Por otro lado, al sector privado le corresponderá contribuir a mejorar las oportunidades educativas, laborales, etc. teniendo en mente las posibles aportaciones y beneficios que traerá consigo la inclusión efectiva de las personas con discapacidad, dejando a un lado los estereotipos que se puedan tener al respecto.
Por último y no menos importante, corresponderá a las personas con discapacidad reconocer todas sus capacidades y asumirse como verdaderos agentes de cambio, pues como integrantes de la sociedad sus opiniones y conocimientos deben ser tomados en cuenta en todos los ámbitos (político, económico, financiero, cultural), ya que su participación no debe verse como una grácil concesión del Estado frente a un grupo “menos favorecido”, sino como el derecho que tiene todo ciudadano a participar en las decisiones que involucran a su comunidad y como todo derecho es importante conocerlo pero sobre todo exigir su cumplimiento.
