Cuando un medicamento desaparece, el paciente paga las consecuencias

Para una persona que acude al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), recibir un medicamento no debería depender de tener dinero para comprarlo por fuera, conocer a alguien dentro de la institución o insistir durante semanas ante una ventanilla.

Sin embargo, el desabasto de medicamentos, las fallas en los procesos de compra y distribución, las irregularidades administrativas y los casos documentados de atención médica deficiente han convertido el acceso oportuno a la salud en un problema cotidiano para miles de derechohabientes.

Y cuando un medicamento no llega al hospital o una persona no recibe atención médica adecuada, las consecuencias no son solamente administrativas: pueden afectar directamente la salud, la calidad de vida y, en los casos más graves, la vida de los pacientes.

La información de auditorías oficiales, recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y diversas investigaciones periodísticas permite identificar un problema que va mucho más allá de una receta que no fue surtida.

¿Existe robo de medicamentos en el IMSS?

Hablar de “robo de medicamentos en el IMSS” requiere cuidado.

No todos los casos de desabasto pueden atribuirse a la sustracción ilegal de medicamentos. Las investigaciones y auditorías disponibles muestran un problema más complejo, que incluye deficiencias en compras, distribución, almacenamiento, controles internos y contratación de proveedores.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), por ejemplo, auditó en la Cuenta Pública 2024 la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos del IMSS. El universo reportado ascendió a 81 mil 891.7 millones de pesos, de los cuales la ASF revisó una muestra de 25 mil 630.9 millones, equivalente al 31.3% del universo. La revisión comprendió 157 contratos.

Esto demuestra la dimensión económica del sistema: cuando existen fallas en la contratación, recepción, almacenamiento o distribución, no sólo se pone en riesgo el dinero público; también puede afectarse la disponibilidad de medicamentos para los pacientes.

Por eso, más que hablar únicamente de “medicamentos robados”, es necesario preguntar:

¿Cuántos medicamentos se compran? ¿A qué precio? ¿Quién los provee? ¿Cuándo se entregan? ¿Cuántos llegan realmente a las unidades médicas? ¿Cuántos se pierden, caducan o desaparecen?

Contratos, controles y millones de pesos bajo revisión

La auditoría de la ASF sobre medicamentos del IMSS muestra que la adquisición de estos productos representa una operación financiera de enorme magnitud.

Entre sus revisiones, la ASF analizó contratos relacionados con la compra de medicamentos y verificó documentación de pagos, entregas y registros institucionales. En uno de los procedimientos revisados, por ejemplo, el IMSS pagó más de 13 mil millones de pesos dentro de un proceso de contratación consolidada.

En otro contrato revisado, la ASF señaló que, aunque existían comprobantes de pago y registros en los sistemas institucionales, el IMSS no acreditó determinadas remisiones que amparaban la entrega de medicamentos en los órganos desconcentrados revisados.

Una observación de este tipo no equivale automáticamente a decir que hubo robo. Pero sí plantea una pregunta fundamental:

Si una institución no puede acreditar documentalmente dónde y cuándo recibió determinados medicamentos, ¿cómo puede garantizar que éstos llegaron finalmente al paciente que los necesitaba?

La trazabilidad es fundamental para combatir tanto la corrupción como el desperdicio y la sustracción de medicamentos.

El desabasto también tiene un rostro humano

El problema deja de ser una cifra presupuestaria cuando el medicamento que falta es el que necesita una persona con cáncer, diabetes, VIH, epilepsia, hipertensión o cualquier otra enfermedad que requiere tratamiento continuo.

Investigaciones periodísticas han documentado que los problemas del sistema de compras y distribución de medicamentos se prolongaron durante varios años.

En 2025, El País reportó que el Gobierno federal enfrentaba todavía problemas de abasto y de coordinación en la distribución de medicamentos, después de varios cambios en el modelo de adquisición. El medio señaló que la nueva estrategia de compras había encontrado irregularidades y dificultades logísticas que afectaban la llegada de medicamentos a las instituciones públicas.

El problema, por tanto, no termina cuando una licitación se adjudica.

Entre la compra y el paciente existe toda una cadena:

proveedor → almacén → distribución → hospital → farmacia → paciente.

Si cualquiera de esos eslabones falla, el medicamento puede no llegar a quien lo necesita.

Cuando el desabasto obliga al paciente a pagar

Una de las consecuencias más injustas del desabasto es que el costo termina trasladándose al derechohabiente.

Si una persona recibe una receta pero el IMSS no tiene el medicamento disponible, puede verse obligada a:

comprarlo con su propio dinero;
pedirlo prestado;
buscarlo en otra institución;
esperar hasta que exista disponibilidad;
suspender o modificar su tratamiento;
o recurrir a organizaciones y redes de pacientes.

Para una familia con ingresos limitados, comprar un medicamento de manera particular puede significar dejar de pagar alimentos, transporte, vivienda u otros gastos esenciales.

En enfermedades crónicas, además, no se trata necesariamente de una compra única. La interrupción de un tratamiento puede provocar complicaciones que posteriormente requieren atención médica más costosa.

Maltrato y negligencia: cuando el problema está dentro de la consulta

El acceso a medicamentos es solamente una parte del problema.

La CNDH ha documentado diversos casos en los que determinó que personal del IMSS incurrió en omisiones o deficiencias en la atención médica.

En la Recomendación 19/2024, por ejemplo, la CNDH determinó que personal del Hospital General de Zona número 29, en la Ciudad de México, incurrió en omisiones al no proporcionar a una persona adulta mayor un diagnóstico certero ni un tratamiento idóneo y oportuno.

En otro caso, la Recomendación 100/2024 se emitió después de que la CNDH acreditara que personal médico del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI omitió brindar atención adecuada a una persona adulta mayor, lo que agravó sus padecimientos y derivó en su fallecimiento.

La CNDH también emitió la Recomendación 303/2023, relacionada con una persona adulta mayor con Alzheimer que fue dada de alta de un hospital del IMSS sin el seguimiento adecuado a un traumatismo craneal.

Y en la Recomendación 12/2024, la Comisión documentó violaciones a los derechos a la protección de la salud y al trato digno, además de afectaciones al derecho de familiares a recibir información en materia de salud.

Estos casos son especialmente importantes porque muestran que hablar de maltrato y negligencia en el IMSS no tiene que basarse únicamente en testimonios publicados en redes sociales: existen expedientes en los que una institución pública de derechos humanos investigó los hechos y emitió recomendaciones.

No es solamente “un mal trato”

Cuando un paciente denuncia que fue ignorado, humillado o enviado de una ventanilla a otra, puede parecer un problema de servicio.

Pero el trato digno forma parte de los derechos de las personas.

Y cuando las omisiones afectan el diagnóstico, tratamiento, seguimiento o acceso a información médica, el problema puede convertirse en una violación de derechos humanos.

La CNDH ha documentado casos en los que las consecuencias llegaron hasta el fallecimiento de pacientes. Por ejemplo, en la Recomendación 265/2023, la Comisión señaló demoras en la atención de una paciente que sufrió una hemorragia cerebral y posteriormente falleció.

En otro expediente, la Recomendación 263/2023, la CNDH señaló que una persona recibió atención médica fragmentada en dos hospitales del IMSS, sin que se profundizara adecuadamente en sus síntomas y estudios clínicos; la persona posteriormente falleció.

Estos casos no significan que todos los trabajadores del IMSS actúen de manera negligente. Miles de médicos, enfermeras, técnicos y trabajadores administrativos realizan diariamente su trabajo bajo condiciones difíciles.

El problema está en que cuando fallan los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, el paciente puede quedar completamente vulnerable.

¿Qué puede hacer un paciente ante el desabasto, maltrato o negligencia?

No quedarse callado.

La primera recomendación es documentar todo.

1. Guarda la receta

Conserva:

receta médica;
fecha;
nombre del medicamento;
dosis;
número de piezas;
sello o comprobante de la farmacia;
indicación de que el medicamento no fue surtido.

Si existe un sistema digital, guarda también capturas de pantalla.

2. Solicita una constancia

Si te dicen que el medicamento no está disponible, pregunta si pueden entregarte un documento o constancia de desabasto.

No siempre será posible, pero es importante dejar evidencia de que acudiste a solicitarlo.

3. Registra nombres, fechas y lugares

Anota:

nombre de la unidad médica;
consultorio;
fecha y hora;
nombre o identificación del servidor público, si es posible;
qué ocurrió;
qué medicamento o servicio necesitabas;
qué respuesta recibiste.

La memoria puede perder detalles. Una bitácora escrita se convierte en evidencia.

4. Presenta una queja ante el IMSS

El IMSS cuenta con módulos de Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD) y canales institucionales para presentar peticiones y quejas.

El teléfono de atención es 800 623 2323, donde existe una opción específica para “Trato Digno”. El IMSS también permite presentar peticiones mediante sus módulos, teléfono, chat, correo electrónico y redes sociales. Al registrar una petición se genera un folio para darle seguimiento.

El Instituto señala que, dependiendo del tipo de petición, debe proporcionar una respuesta en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

5. Si sospechas corrupción, denuncia

Si existen indicios de:

robo o sustracción de medicamentos;
cobros indebidos;
favoritismo;
contratación irregular;
falsificación de documentos;
uso indebido de recursos;
abuso de autoridad;
o cualquier posible acto de corrupción,

puedes presentar una denuncia ante el Órgano Interno de Control del IMSS.

El propio IMSS señala que el OIC investiga y califica posibles faltas administrativas y puede recibir denuncias de la ciudadanía. También existe el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC).

La denuncia puede presentarse incluso de manera anónima en los mecanismos correspondientes.

6. Si se trata de una posible violación a derechos humanos

Cuando existe una afectación grave relacionada con la atención médica, trato digno, vida, integridad o acceso a la salud, también puede considerarse acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o, según el caso, al organismo estatal correspondiente.

Es especialmente importante conservar toda la documentación médica.

7. Si hubo daño médico, busca asesoría especializada

Una posible negligencia médica puede tener consecuencias administrativas, civiles o incluso penales dependiendo de las circunstancias.

Por eso, cuando exista una lesión grave, una discapacidad, un fallecimiento o una afectación permanente, es recomendable buscar asesoría jurídica especializada y no limitarse a una queja administrativa.

La evidencia es la mejor defensa del paciente

Una de las herramientas más poderosas que tiene un derechohabiente es construir su propio expediente.

No tires la receta.
No borres los mensajes.
No pierdas los comprobantes.
No olvides la fecha.
No aceptes que una negativa verbal sea el final del proceso.

Un paciente informado puede convertir una experiencia individual en una denuncia documentada.

Y cuando cientos de pacientes hacen lo mismo, las autoridades pueden identificar patrones.

El problema no termina con denunciar

Denunciar es importante, pero también lo es exigir respuestas.

Cuando una institución pública administra miles de millones de pesos destinados a medicamentos, debe poder explicar:

cuánto compró;
a quién compró;
cuánto pagó;
cuánto recibió;
dónde se almacenó;
cuánto distribuyó;
cuánto llegó a cada unidad;
cuánto se perdió o caducó;
y, finalmente, cuántos pacientes recibieron su tratamiento.

La transparencia no es un lujo.

Es una condición para que el derecho a la salud pueda ejercerse realmente.

Un medicamento que no llega también puede ser una violación de derechos

El debate sobre el IMSS no debería reducirse a partidos políticos, gobiernos o funcionarios.

Detrás de cada receta no surtida existe una persona.

Puede ser un niño con una enfermedad rara, una mujer con cáncer, una persona mayor con diabetes, alguien que necesita un medicamento para evitar una crisis o un paciente que espera una cirugía.

Por eso, hablar de corrupción, desabasto, robo de medicamentos, negligencia y maltrato en el IMSS significa hablar también de derechos humanos.

Las auditorías de la ASF muestran que existen enormes cantidades de recursos públicos involucrados y que la trazabilidad y documentación de las adquisiciones son fundamentales.

Las recomendaciones de la CNDH, por su parte, muestran que existen casos concretos en los que las deficiencias en la atención médica tuvieron consecuencias graves para los pacientes.

Y para el ciudadano, la pregunta fundamental es sencilla:

¿Qué ocurre cuando el sistema que debería proteger tu salud falla?

La respuesta no debería ser resignarse.

Documentar, exigir, denunciar y dar seguimiento también es defender el derecho a la salud.

Fuentes