Estamos acostumbrados a ver el tema de creación de normas y de políticas públicas desde una perspectiva ajena que únicamente involucra a los órganos del Estado y donde muy poca o nula participación tienen los ciudadanos en el proceso de creación; sin embargo, en el tema de discapacidad, la participación activa de las personas que forman parte de este grupo de la población y de las asociaciones que velan por sus derechos tiene una importancia tal que es considerada como una obligación para el Estado, misma que se desprende del artículo 4.3 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. 

La consulta, en este sentido, no es una mera formalidad, sino que se establece como garantía primaria de la defensa de derechos, La Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas justamente tiene como finalidad la inclusión de un grupo social que ha sido históricamente excluido por lo que este derecho procesal es un medio de enorme importancia para lograr una verdadera inclusión.

Al respecto, Comité emanado de la Convención antes mencionada (que es un grupo de expertos que interpreta el citado instrumento internacional y hace recomendaciones), ha enfatizado que en la revisión de la legislación vigente y en la creación de nuevas leyes, la participación de las personas con discapacidad debe ser extensiva y que deben participar en la redacción de las normas.

Lo anterior es así, ya que debe entenderse que no existe nadie mejor para proponer posibles soluciones a las problemáticas cotidianas que quienes se enfrentan a ellas todos los días, pues saben lo que realmente requieren para mejorar ciertas situaciones o qué aspectos en lugar de generar un beneficio provocaría un perjuicio.

Ello no implica que la labor de legislador no se agradezca, pues en general y sobre todo en el tema de discapacidad se buscan normas que tratan de “proteger”, pero no debemos olvidar que si esta labor únicamente se deja en manos de los legisladores que ven la problemática de la discapacidad desde un punto de vista ajeno y muchas veces asistencialista, es sumamente probable que las normas o políticas públicas que surjan de tal proceso de creación no den una respuesta adecuada y real a las necesidades imperantes a las que nos enfrentamos y por el contrario, redunden en limitar derechos.

Esto no por una mala voluntad del legislativo sino por el simple hecho de que quien no se enfrenta día a día con los retos constantes a los que nos enfrentamos las personas con discapacidad, no podrá entender a cabalidad las necesidades y  mucho menos imaginar posibles medidas estatales que nos ayuden a confrontar tales aspectos.

De todo lo anterior, es posible concluir que es obligación del Estado generar espacios y mecanismos adecuados para que las personas con discapacidad puedan participar en la creación de leyes y políticas públicas que les puedan beneficiar o afectar, pero también es obligación de dicho sector de la población, así como de las asociaciones que en muchas ocasiones los representan llevar a cabo un rol más activo que permita hacer exigibles sus derechos. Si las personas con discapacidad no se toman en serio su compromiso de participación ciudadana activa para beneficiarse entre todos y defender sus derechos ¿entonces quién?