La historia comienza así: Organizaciones mexicanas solicitaron al gobierno mexicano, y cito: “Es hora de garantizar la implementación de los derechos de las personas con discapacidad. Para ello, es necesario un órgano estatal que pueda verificar, coordinar esfuerzos y obligar a otras instancias gubernamentales a respetar esos derechos.”

La respuesta fue desalentadora: “Si acudo al presidente y le digo que ustedes quieren una institución, él me dirá que me puedo ir por donde vine”, en entrevista para el New York Times, afirmó la subsecretaria de Bienestar de México, María Luisa Albores González.

Lo que solicita la sociedad mexicana no es una locura tomando en cuenta que México ratificó en 2007 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), un instrumento de las Naciones Unidas que requiere que los gobiernos instauren una agencia nacional para garantizar que todas las oficinas del estado respeten los derechos de las personas con discapacidad. La ONU pide la creación de esta instancia porque, como se ha comprobado, si los gobiernos no se preocupan en su aplicación y cumplimiento, las personas con discapacidad quedarán rezagadas. Eso es lo que ha sucedido en México.

Al día de hoy, más del 54 por ciento de las personas con discapacidad en México viven en la pobreza y dos de cada diez personas con discapacidad no saben leer ni escribir.

El nuevo gobierno tiene la oportunidad de cambiar esa situación y para hacerlo, el presidente Andrés Manuel López Obrador debe otorgar todo su respaldo político a la creación de esta instancia que garantice los derechos de las personas con discapacidad o al fortalecimiento de aquel que ya existe en México, el CONADIS, pero que no ha sido eficaz en implementar las políticas y los programas nacionales para abordar las deficiencias en la protección de los derechos de esta comunidad.

El panorama actual no luce nada favorecedor. López Obrador ha sugerido desmantelar el CONADIS y trasladar sus responsabilidades a la Secretaría de Bienestar. Si bien el bienestar y los programas sociales son importantes para muchas personas con discapacidad, la plena implementación de la protección de sus derechos requiere políticas y medidas que van más allá de esa instancia gubernamental: la responsabilidad está dividida entre varios órganos, pues abarca temas de salud, educación, asistencia social y justicia. Es por ello que es tan necesaria una agencia que coordine esos esfuerzos y pueda perseguir o infraccionar a las secretarias que no cumplan sus obligaciones.

Para que la aplicación de los derechos humanos sea eficaz y real, esta labor debe gestionarse desde un órgano gubernamental. No basta con aprobar leyes, ratificar tratados o reformar la constitución.

Desafortunadamente, el Conadis ha carecido del soporte de los presidentes de México, incluido López Obrador, y como institución, tiene deficiencias importantes. De momento no tiene la obligación de rendir cuentas de sus resultados y eso hace difícil exigirle resultados.

En la opinión de varios politólogos mexicanos, en lugar de deshacer el Conadis, debe tomar medidas para enmendar sus carencias y fortalecerlo.

Este es el momento. El gobierno de López Obrador solo necesita voluntad política para revisar el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que advierte que el Conadis debe seguir un parámetro fundamental: Servir como punto focal para organizar las políticas y los programas entre las distintas agencias estatales.

En el informe se recomiendan dos pasos decisivos:

  • El gobierno debe designar enlaces en todas las secretarías y agencias estatales cuyas funciones aborden los temas de los derechos básicos de las personas con discapacidad: trabajo, educación, justicia, salud, entre otros.
  • El gobierno debe crear un sistema de coordinación general en el que todos los actores estatales que se cruzan en temas de discapacidad participen de manera constante y activa.

Esto permitiría un plan articulado y sincronizado entre las secretarías para aplicar los derechos que están en el tratado. El nuevo gobierno tiene la oportunidad de lograr un cambio real en las vidas de las personas con discapacidad. El retraso de la última década para hacerlo es inadmisible, pero no hacerlo ahora sería injustificable.

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