Diversas organizaciones de la sociedad civil se han manifestado en redes sociales para la importancia de generar condiciones para la atención procedente a los grupos en condiciones de vulnerabilidad derivado de su discapacidad en la tercera fase del Covid 19.
En este sentido organizaciones que atienden la discapacidad: visual, auditiva, intelectual y, motriz han externado a las autoridades la importancia de instrumentar acciones urgentes y complementarias a favor de este segmento de población.
En este sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, exhorta al Estado mexicano, para que adopte acciones urgentes y complementarias a favor de las personas que viven con discapacidad quienes permanentemente viven con barreras sociales; dicho pronunciamiento está sustentando en el marco de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde México es miembro, además del marco legal.
Entre los temas que se requieren de reforzar se encuentran los siguientes: Derecho a la información: que los medios electrónicos y de comunicación masiva sea accesible a la población, incluidas a las personas con discapacidad visual, auditiva e intelectual, por lo que se considera se apliquen formatos impresos y digitales, tales como audio, Sistema Braille, Lengua de Señas Mexicana, fácil lectura, pictogramas, descripción de gráficos e imágenes, entre otros mecanismos informativos.
Adicionalmente que se supervise y garantice que la información sobre la adquisición de bienes, productos y servicios a través de medios electrónicos, sea accesible para las personas con discapacidad. Desarrollar mecanismos que permitan conocer la realidad y necesidades de las personas con discapacidad derivadas de la emergencia sanitaria a fin de disponer de datos confiables que permitan implementar políticas de apoyo a dichas personas y sus familias, con énfasis en las personas con discapacidad institucionalizadas, en casas hogar, asilos, albergues, centros de reinserción social, centros de justicia para adolescentes, estaciones migratorias, hospitales psiquiátricos, entre otros. Realizar consultas a personas con discapacidad las cuales deben de ser amplias, inclusivas, transparentes, abiertas, públicas y accesibles.
Derecho a la salud: equidad en los servicios de salud para personas con discapacidad en el marco de la contingencia. Que se implementen estrategias y acciones bien definidas para preservar la salud física y mental de las personas con discapacidad, principalmente en aquellas que tienen mayores requerimientos de apoyo y que viven en contextos de institucionalización, marginación, migración, desplazamiento interno, ruralidad y habitantes de pueblos indígenas.
Así como medidas de apoyo para la valoración y hospitalización, así como la atención de crisis derivada del confinamiento. Educación inclusiva: derivado del modelo de la nueva escuela mexicana, garantizar que los mecanismos de apoyo para la educación de la población en general sean inclusivos, teniendo en cuenta la accesibilidad plena en los medios, modos y formatos utilizados en las plataformas digitales.
Definir las estrategias para garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad habitantes de pueblos indígenas, comunidades rurales y en polígonos de media y alta marginación durante la contingencia. Derecho al trabajo: establecer programas que aseguren la permanencia laboral y de seguridad social de las personas con discapacidad durante la contingencia, así como diseñar y dar a conocer mecanismos que garanticen el empleo y autoempleo de esta población posterior a la contingencia. Asegurar que el trabajo que realizan a distancia las personas con discapacidad se efectúe observando las condiciones máximas posibles de accesibilidad, incluida la provisión de dispositivos, ajustes razonables, así como mecanismos alternativos que permitan el trabajo remoto.
Omisión legislativa y del diseño de política pública: omitir da lugar a la violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad; por ello la importancia de armonizar la normatividad para garantizar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad en la normatividad interna de todos los poderes y los órdenes de gobierno.
Por ello, se exhorta al Estado mexicano para brindar la atención e inclusión de las personas con discapacidad, a fin de que se desarrollen e implementen políticas públicas solidas e integrales que aseguren la igualdad de oportunidades y derechos en todos los aspectos de la vida. En este sentido, se requiere seguir trabajando en los mecanismos de seguimiento sobre todo del numeral tres del artículo 33 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la cual “la sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participaran plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento.
En Michoacán, existe una amplia participación de las organizaciones de la sociedad civil que atienden a personas con discapacidad, entre ellas Cadne, Adigs: Guía Sombra, Ángel de corazón porque te nace ayudar, A.C. así como las organizaciones de personas sordas y de intérpretes de lengua de señas mexicana, y las organizaciones que atienden a personas ciegas y de baja visión, entre otras muchas más que generan sinergias para enfrentar el día a día de las personas con discapacidad.
