Latinoamérica, al igual que el resto del mundo, vive una transformación demográfica y todos los países, a uno u otro ritmo, caminan hacia sociedades y comunidades cada vez más envejecidas. Este panorama exige a los gobiernos y a la sociedad aportar respuestas para afrontar estos desafíos que conlleva el envejecimiento poblacional. Sin embargo, es importante destacar que no sólo se trata de crear marcos normativos y políticas públicas dirigidas a los mayores en su conjunto. Es preciso que unos y otras se definan en base a un diagnóstico con perspectiva de género que identifique, por un lado, las necesidades específicas de las mujeres adultas mayores, y por otro, permita corregir las desigualdades que las mujeres arrastran a lo largo de trayectoria vital y que se acentúan en la vejez. Todo ello con el objetivo de conformar sociedades inclusivas en las que las mujeres de edad tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades que sus pares varones. Porque las desigualdades entre mujeres y hombres también se mantienen con la edad.

Las mujeres adultas mayores tienen mayores dificultades para acceder a programas educativos.

Atendiendo al concepto de vulnerabilidad, concepto por el que definimos la posibilidad de riesgo o situación de desprotección en que se encuentra un determinado colectivo o sector de población, los adultos mayores de la región pueden ser catalogados como “colectivo vulnerable”. Pero en el caso de las mujeres adultas mayores, y a diferencia de lo que ocurre con otros colectivos o con sus pares varones, esa discriminación es doble: por un lado, por el hecho de ser mujer (discriminación que vienen arrastrando desde la infancia); por otro, por ser adulta mayor.

Ya desde los primeros años y durante su trayectoria vital a lo largo de la madurez las mujeres experimentan diversas formas de discriminación que se manifiestan, entre otras, en las trabas en el acceso a la educación en cualquiera de sus etapas, o a los servicios de salud o a la seguridad social. Son, asimismo, discriminadas en el acceso a las ofertas de trabajo en el sector formal de la economía, perciben salarios menores que los hombres o experimentan rechazo durante el embarazo. A las mujeres se les atribuye, por el hecho de ser mujer, todas las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de los hijos, de los enfermos, de los adultos mayores, actividades que ni son remuneradas ni tampoco reconocidas.

Llegada la vejez las mujeres mayores siguen arrastrando diversas formas de discriminación que las hacen, aun si cabe, mucho más vulnerables. Así, tienen más dificultades en el acceso a los servicios sanitarios, a medicamentos, a cuidados de larga duración,…; se les niega el acceso a programas y beneficios sociales, a subsidios, a pensiones; tienen mayores trabas para acceder a programas de educación permanente y espacios de recreación; están más expuestas a sufrir abandono y aislamiento; sufren mayores tasas de violencia, maltrato, abuso,… en cualquiera de sus formas (físico, psicológico, patrimonial, sexual,….) atentando así contra su integridad, su dignidad, su libertad. Se trata, por tanto, de una discriminación multidimensional que exige, asimismo, medidas de carácter multidimensional.

La inserción laboral de las mujeres adultas mayores es, por lo general, en el sector informal de la economía.

Así, para afrontar de manera eficaz los desafíos asociados a la vulnerabilidad derivada de la doble discriminación que viven las mujeres mayores es preciso, además de incorporar de forma transversal la perspectiva de género, impulsar líneas de acción específicamente orientadas a las necesidades de las mujeres adultas mayores. Entre ellas, promover acciones de sensibilización e información sobre el envejecimiento como etapa relevante del ciclo vital; visibilizar a las mujeres mayores y su situación; difundir los derechos de las mujeres entre el colectivo de mujeres mayores y en la sociedad en su conjunto, así como proteger y garantizar esos derechos; promover la presencia y la participación de las mujeres de edad en los espacios comunitarios; garantizar el derecho de aquéllas a la salud, a la educación, al trabajo, a la justicia; reconocer el papel que desempeñan las mujeres mayores como participantes activas en el desarrollo político, social, económico y cultural de sus comunidades, así como en el trabajo no remunerado que desempeñan en el ámbito familiar;…

Para abordar el tema de la protección específica que demandan los derechos de las mujeres mayores, y para visibilizar la situación de desigualdad que experimentan durante la vejez, el VI Congreso de FIAPAM ha destinado el espacio “Mujer adulta mayor: la protección de sus derechos frente a las diferentes formas de discriminación”.

Fuente: Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores