Desde que se desató la pandemia del COVID-19, casi de forma unánime, el aislamiento ha sido la principal medida de contención. La falta de una cura exige al mundo la adopción de medidas preventivas, no ya como la mejor opción para frenar la expansión de la enfermedad, sino como la única. En este contexto dinámico y de condiciones cambiantes, en las distintas regiones se adoptaron estrategias muy diversas para implementar el aislamiento social, algunas de ellas con resultados destacables.

¿Cuáles son esas buenas prácticas y qué avances han reportado a la fecha? Responder esta pregunta de forma sistemática resulta de enorme relevancia para América Latina. En líneas generales, hacia principios de abril, la región todavía lograba evitar la expansión exponencial del COVID-19 entre la población.

No obstante, aún no se puede cantar victoria: muchos países están apenas comenzando a transitar el invierno y algunos están en situaciones sanitarias críticas. Además, la crisis económica promete agudizarse durante y después de la pandemia. Es muy probable que América Latina, la región más desigual del mundo, termine debatiéndose entre cómo achatar la curva epidemiológica y cómo elevar la achatada curva de la economía.

Pero una vez que el virus sea controlado e incluso cuando se encuentre una cura, cabe esperar futuras crisis que vuelvan a sacudir el mundo. Es por eso que, a pesar de la situación trágica que vive la mayor parte de las personas y en especial las más vulnerables, resulta relevante realizar una sistematización de buenas prácticas que permitan sentar las bases de protocolos para enfrentar nuevas emergencias.

Y, muchas veces, las buenas prácticas, hacen emerger el trasfondo de las problemáticas, de forma que, más que prácticas, se puedan convertir en nuevas lógicas sistémicas para construir un nuevo paradigma de cuidado y sostenibilidad que se torna cada vez más urgente.

Oruro: acción basada en la información y la colaboración

Oruro, departamento ubicado al este de Bolivia, cerca de la frontera con Chile, se adelantó en una semana al resto del país en tomar medidas frente al COVID-19. El 10 de marzo aparecieron los primeros dos casos confirmados y enseguida se implementó una cuarentena total: se suspendieron las clases, se restringió la circulación de vehículos, exceptuando a trabajadores de salud, seguridad y fuerzas armadas, y se establecieron tres días a la semana para que la población saliera a abastecerse de alimentos.

Así, mientras la pandemia se expandía por toda Bolivia, en Oruro se logró contener al punto de no presentar nuevos casos a lo largo de 20 días. Si bien Oruro sostiene los desafíos propios de un contexto complejo de pandemia, lo realizado en los primeros días le generó una importante base de aprendizaje.

El diseño de un esquema de gobernanza, mínimo y de emergencia, pero oportuno y efectivo, fue el principal factor que permitió alcanzar los resultados positivos que mostró Oruro.

Pero, además, este esquema se pudo implementar gracias a la plena participación de la población que, consciente e informada, se alineó detrás del objetivo de frenar la expansión del virus. En este sentido, la comunicación fue decisiva. La estrategia consistió en decir la verdad y canalizar la información únicamente a través de fuentes oficiales.

Según Saúl Aguilar, Alcalde Municipal, “les dijimos la verdad y la información que dimos fue cruda”. Las acciones de comunicación se complementaron con acciones educativas, como, por ejemplo, simulacros públicos de cómo tratar un eventual caso de COVID-19 y demostraciones para tomar las medidas adecuadas en las filas que se forman en las  entidades financieras o centros de abastecimiento. Lejos de desatar el pánico, la transparencia en la información, en conjunto con una campaña de educación, generó los consensos sociales necesarios para la implementación de la estrategia de emergencia.

En un primer momento, la decisión del municipio de dictar una cuarentena fue cuestionada por el gobierno central. No obstante, Oruro se mantuvo firme en su autonomía y este accionar descentralizado le permitió al municipio organizarse en torno a la prioridad de preservar la vida y la salud.

Oruro, a su vez, presenta un cuadro territorial complejo: sus casi 500.000 habitantes se distribuyen en 16 provincias y 35 municipios, la gran mayoría rurales. Además, tiene dos pasos fronterizos con Chile, Pisinga y Tambo Quemado, puntos neurálgicos para el paso de personas y de mercaderías.

En este contexto, Oruro activó un plan de coordinación territorial que movilizó las capacidades propias de cada localidad y permitió su distribución para suplir sus respectivas deficiencias. Por ejemplo, se aseguró el abastecimiento de productos de primera necesidad en todo el territorio.

Estas acciones basadas en la colaboración y en el establecimiento de acuerdos y agendas de acción compartidas, fueron la clave para contener el avance que se hubiera esperado de la pandemia en una región de las características de Oruro.