Fuente: Hipertextual Autor: DESIRÉE POZO

En España el artículo 156 del Código Penal, en su párrafo segundo, permite que las personas con discapacidad sean esterilizadas tras ser incapacitadas legalmente por un juez y sin ser informadas del procedimiento al que van a ser sometidas. ¿Por qué se fuerza a las mujeres con discapacidad a ser esterilizadas?

No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil.

Si bien no hay datos desglosados por sexo que nos digan exactamente cuántas mujeres y hombres son esterilizados en nuestro país, sí que tenemos la certeza de que son muchas más las mujeres con discapacidad por la información que nos llega de organizaciones que forman parte de CERMI y que son representativas sobre todo de mujeres con discapacidad intelectual o con discapacidad psicosocial, que son las que se ven más afectadas por este tipo de tratamientos”, explica desde el otro lado de la línea telefónica Isabel Caballero, coordinadora Fundación CERMI Mujeres. Pero antes de proceder a la esterilización, las mujeres son incapacitadas legalmente ya que “la esterilización está regulada en nuestro país por el código penal, que no considera punible que un juez autorice en aquellos casos en que así lo considere”. Sin embargo, desde el comité español de representantes de personas con discapacidad (CERMI) reivindica “la eliminación de la esterilización forzada en personas con discapacidad y, muy concretamente, de mujeres con discapacidad”.

Infórmate.

La esterilización a niñas y adolescentes con discapacidad no debería ocurrir sin su consentimiento, pero en México se hace. El Gobierno federal lo oculta, aunque hospitales y médicos admiten que es un proceso habitual para bloquear la posibilidad de embarazo ante abusos sexuales.

En lugar de brindar una atención basada en sus derechos, cumplir con el compromiso internacional que el gobierno mexicano adquirió hace 10 años, protegerlas del agresor y escuchar sus necesidades, se somete a las jóvenes con discapacidad abusadas a una nueva agresión: una operación para evitar que cuando sean violadas queden embarazadas.

Así, la operación que dicen se hace para prevenir, termina sometiéndolas a más abusos.

Los casos son contundentes.

Irma es una mujer con síndrome de Down que durante su adolescencia fue violada por un vecino en Huixtán, Chiapas. A los 16 años quedó embarazada. Con pocos recursos y mucha desesperación, fue a un hospital regional para abortar.

Los médicos se negaron y sugirieron esterilizar, así, si le volvía a pasar lo mismo, ya no quedaría embarazada. Perdió al bebé, pero la historia no quedó ahí: aunque había una orden de aprehensión y alejamiento, el violador siguió abusando de ella y la situación se repitió: Irma volvió al hospital embarazada cuatro años después.

Hay más. Ana es una joven con trastorno mental bajo la tutela del Estado: dejó de vivir con sus padres a los ocho años porque la maltrataban y la explotaban laboralmente. Cinco años más tarde, las autoridades la trasladaron al Hogar de Transición para la Niñez Villas Miravalle en Guadalajara.

A sus 15 años, los directivos del hogar solicitaron a las autoridades de Salud que la sometieran a una operación para atarle las trompas, por “un alto riesgo de un embarazo no deseado”.

El Consejo de Familia impidió el procedimiento de manera rotunda: era violatorio de sus derechos humanos. Pero el caso muestra que profesionales responsables de niñas y adolescentes ven en estas operaciones un mecanismo anticonceptivo seguro.

El Gobierno oculta las cifras: de las respuestas a 82 solicitudes de información enviadas a través de la ley de transparencia a dependencias federales, estatales y hospitales no es posible determinar cuántas de las 12,937 mujeres de menos de 18 años fueron esterilizadas entre 2006 y 2016 tenían discapacidad. Tampoco si hubo consentimiento firmado.

La cifra de niñas y adolescentes esterilizadas en México implica que, en promedio, en esa década al menos tres niñas y adolescentes fueron intervenidas con una salpingoclasia todos los días.

Aunque seis de cada 10 casos ocurrieron en adolescentes de 17 años, la Secretaría de Salud reporta esterilizaciones en niñas tan pequeñas como de 10 años.

A las solicitudes de transparencia, la Secretaría de Salud federal respondió que no tiene obligación de llevar registro, pero estados como Baja California, Jalisco, Puebla y Tabasco reconocieron que el “retraso mental” es un escenario para realizar esas operaciones; solo como ejemplo: en el Hospital Gustavo A. Rovirosa Pérez de Tabasco indicaron que, de 2010 a 2015, fueron esterilizadas tres jóvenes por esta razón. Una serie de entrevistas con médicos, instituciones y activistas, y la revisión de recomendaciones de organismos defensores de derechos humanos, revelan que es un procedimiento usual.

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